En una nueva edición de “Asunto Público”, participó el antropólogo Julio Portocarrero para reflexionar sobre la importancia de la interculturalidad en la toma de decisiones en el país.
En el Perú frecuentemente se habla del enfoque de género, enfoque de derechos y del enfoque intercultural, sin embargo, este último muy pocas veces se define o se especifica como un enfoque prioritario para la implementación de políticas públicas.
Esto lleva también a que los servicios básicos del Estado no necesariamente tengan un enfoque de interculturalidad, que permita atender a las diversas poblaciones del país.
En ese sentido, el antropólogo Julio Portocarrero participó en una nueva edición de “Asunto Público”, de EnConsulta.pe, para reflexionar sobre este tema y su aplicación en el sector salud.
“Para mí uno de los grandes problemas tiene que ver con la implementación de la interculturalidad en concreto sobre el terreno y esto es bien bien importante. En primer lugar es quién hace los planes. Tenemos acá varios organismos que tienen autoridad sobre el tema interculturalidad. Tenemos, por ejemplo, el propio Ministerio de Salud, el Ministerio de Cultura, etc. Finalmente hay una especie de competencia porque quién desarrolla los planes. Hay además un tema que es bien interesante y es la falta de financiamiento. Desarrollan planes que no tienen financiamiento y que luego no se pueden ejecutar cuando estos cuando estos son ya planteados”, mencionó Portocarrero.
Mira la entrevista completa aquí:
El especialista menciona que este problema no es necesariamente por un tema de presupuesto porque este sí existe en diversos ministerios.
“Presupuesto existe. Cuando yo trabajaba en el Ministerio de Salud se destinaban los recursos necesarios, pero no eran bien gestionados y siento que tiene que ver también con la condición de segunda clase, de población indígena. Entonces, el destinar recursos y fondos que realmente resuelvan ciertos problemas, no se hacían gran medida por cómo se está considerando esta población. Entonces, creo que en el país, el sistema público tiene algo que se le suele llamar como una política punitiva hacia los pobres. Es un castigo por ser pobre y lo interesante es que esto se duplica en el caso de poblaciones indígenas”, agregó.
Finalmente, Portocarrero menciona que es indispensable alentar a la participación ciudadana, porque es la sociedad civil la que puede cambiar esta dura realidad.
“Para mí algo básico es dotar de mayor control social y ciudadano a las organizaciones indígenas sobre estas políticas. Sin eso no va a haber quién empuje y quién también fiscalice lo que se está realizando. Esto es un aspecto básico que existe ya en otros países de la región y que creo que sería fundamental en nuestro caso”, concluyó.
