La abogada Mar Pérez participó de una nueva sesión de “Aguaitando” y expuso su posición sobre el polémico caso de Marcela Poirier, quien pasó de denunciar acoso sexual por parte de Luis Jaime Castillo Butter, a ser denunciada por difamación y condenada a prisión suspendida.
De denunciante de acoso sexual a denunciada y condenada a prisión suspendida por difamación. Este es el caso de la arqueóloga Marcela Poirier, quien ahora, además, deberá pagar una reparación de 180 mil soles a Luis Jaime Castillo Butters, docente universitario y exministro de Cultura, a quien denunció públicamente por hostigamiento sexual.
A propósito de este caso, la abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y responsable de protección a personas defensoras, Mar Pérez, expresó en el programa “Aguaitando” su total rechazo a esta condena que, según considera, deslegitima la denuncia de una mujer presuntamente agraviada y crea un mal precedente en la justicia peruana.
“Las mujeres que denuncian públicamente situaciones de hostigamiento sexual bajo ningún concepto deberían ser sancionadas penalmente. Hay una serie de errores gravísimos en la sentencia. Uno de ellos es exigir o establecer el criterio de que la difusión pública de información exige una previa condena penal. Según la posición de la jueza, Marcela no podría cuestionar la conducta de Luis Jaime Castillo porque él nunca ha sido sancionado penalmente”, dijo la abogada.
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En ese sentido, la asesora legal también explicó que para que cualquier persona realice una denuncia pública no es necesaria la existencia de una denuncia penal. Sin embargo, precisa, que la ley sí exige la sustentación de una “veracidad” en la denuncia.
“En este caso Marcela lo ha aportado (el sustento) y de manera muy sólida. Como bien ha señalado, ella no es la única víctima. Hay un reportaje que fue publicado inicialmente por el periodista estadounidense Michael Balter que recoge la posición de cinco víctimas que son confirmadas por dos docentes (…) Balter ha declarado que para realizar su reportaje recogió las versiones de por lo menos 20 testigos. Entonces, estos son elementos muy sólidos que junto con el informe de la PUCP dan un sustento de veracidad a las denuncias que realizó Marcela”, mencionó.
Es importante precisar que la PUCP no ha señalado que Luis Jaime Castillo Butters sea inocente. Lo que ha reconocido la comisión contra el hostigamiento sexual de la universidad es que hay indicios graves fundados de hostigamiento sexual, pero no se pueden sancionar al docente porque los hechos son previos a la existencia de la comisión.
“Entonces la denuncia de Marcela está fundada, no solamente en su propia experiencia, sino en los testimonios de varias víctimas y en las afirmaciones de la comisión contra el hostigamiento sexual. Exigir que haya una condena penal para poder informar a la opinión pública sobre estos hechos es completamente desproporcionado, pero además afecta a un interés público que tiene la sociedad, que es la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Este interés es superior a cualquier afectación en el derecho al honor que pueda haber sufrido el señor Luis Jaime Castillo Butters”, sostiene.
El poder de las redes sociales
Pérez también cree que hoy en día las redes sociales han tomado mucho poder para poder realizar denuncias públicas y que estas tomen relevancia. Esto se debe, en cierto modo, a que la mayoría de las víctimas no acuden a los canales institucionales para realizar sus denuncias, debido a que en muchas ocasiones “estos canales no existen”.
“Cuando ocurrieron los hechos de los que se denuncia a Jaime Castillo Butters no había en el Código Penal el delito de hostigamiento sexual, no existían canales dentro de la universidad para denunciar estas conductas que violan la libertad sexual de las mujeres”, agregó.
Además, la abogada menciona que en reiterados casos las víctimas se exponen a “la revictimización, la condena pública y el hostigamiento”.
“Continuamente llegan jóvenes haciendo consultas porque han recibido cartas notariales, denuncias por difamación. Que son herramientas utilizadas por los agresores para amordazarlas, para obligarlas a guardar silencio”.
Finalmente, la letrada reflexiona sobre el deber de la sociedad de condenar y denunciar los casos de violencia contra la mujer. Asimismo, espera que el caso de Poirier sea una oportunidad para “elevar los estándares” y mejorar el sistema judicial del país.
“Recordemos siempre que la declaración de las víctimas de acuerdo con la Ley sobre violencia contra la mujer es una prueba. Es una prueba siempre y cuando cumpla con determinados estándares. Algunas víctimas, nos dicen, es que yo no tengo grabaciones telefónicas, no tengo fotos, no tengo vídeos. No importa, tú palabra es una prueba suficiente para desvirtuar el principio de inocencia, la presunción de inocencia. Entonces, les diría no tengan miedo sigan adelante”, concluyó.
