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Adulto mayor: Nuevo Plan de Política Nacional está próximo a publicarse

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Katherine Castillo, directora de la Dirección de Personas Adultas Mayores del MIMP

Katherine Castillo, directora de la Dirección de Personas Adultas Mayores del MIMP contó en exclusiva en “Asunto público” que el documento de implementación de esta norma se publicaría antes de fin de mes, con el objetivo de salvaguardar la vida y atender las necesidades de este grupo vulnerable.

En las próximas semanas será publicado el documento de implementación de Política Nacional Multisectorial para Personas Adultas Mayores al 2030, un mecanismo que regirá la intervención del Estado frente a esta población. Así lo anunció Katherine Castillo, Directora de la Dirección de Personas Adultas Mayores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el programa “Asunto Público”.

“Ya tenemos la versión final aprobada por la Comisión de Coordinación Viceministerial, y será publicada en los próximos días. Los viceministerios involucrados han emitido sus observaciones de manera formal, las mismas que han sido absueltas y cerradas. El documento también ha pasado por la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Estamos esperando la publicación del documento y la instalación de la Comisión Multisectorial”.

El actual gobierno propuso la implementación de esta norma, a fin de salvaguardar la vida y atender las necesidades de las personas adultas mayores. Para ello, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, designado como ente rector, ha desarrollado, en conjunto con los distintos ministerios involucrados, este documento próximo a publicarse.

¿Quiénes integrarán este equipo multisectorial? “Los viceministros de cada viceministerio participante, serán los miembros titulares de un equipo multisectorial que trabajará en la ejecución del plan, mientras que los alternos serán designados por resolución”, explicó Castillo.

El funcionamiento de esta comisión partirá con la aprobación del reglamento interno, además de la creación de grupos de trabajo que cambiarán de acuerdo a los avances y necesidades. “Entre los principales puntos planteados destaca la Norma de acceso a la justicia, evaluación del sistema provisional, entre otros”, comentó Katherine Castillo.

Este plan contempla la implementación del PAM-LAB, un servicio digital (página web) desarrollado de manera accesible que funcionará como observatorio, centralizando la información sobre esta población, así como los avances de la comisión multisectorial.

“Además de poder ver informaciones estadísticas e investigaciones, también presentaremos informes de leyes en torno a las Personas Adultas Mayores. Tendrá información con acceso al público, por ejemplo, cuántas personas mayores acceden a un centro de salud, cuántos viven solos, con familia, etc”.

Por otro lado, Castillo comentó que, sobre el Sistema Nacional de Cuidado, se ha creado un grupo interno conformado por varias áreas del ministerio a fin de realizar la revisión y levantamiento de información. Según indicó, esta iniciativa se presentará como proyecto de ley.

“Venimos promoviendo un envejecimiento activo y saludable, buscando derribar esa mirada de que la persona adulta mayor no tiene la posibilidad de participar de manera activa en la sociedad”.

Según explicó, los estudios realizados han determinado la necesidad de regular y modificar la estructura de los servicios brindados por el Estado, en torno a las personas que son cuidadas y sus cuidadores. Adelantó también que, en el 2023, se realizará una encuesta nacional dirigida a los adultos mayores, a fin de obtener información más cercana frente a la situación de esta población en el país.

El reto de la evaluación multicriterio de las tecnologías sanitarias

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A partir de la reglamentación de la ley de cáncer (DS N° 004-2022-SA), las nuevas tecnologías a usarse para esta enfermedad deberán evaluarse sobre la base de un análisis multicriterio. Antes, en el Perú, hacíamos la evaluación considerando la seguridad, efectividad y costo eficacia de nuevos medicamentos, por ejemplo; ahora el abordaje debe considerar otros elementos necesarios a valorar para obtener el máximo beneficio de la tecnología a usar.

¿Qué es una evaluación multicriterio? Es un método que nace de la ingeniería, y es una combinación de enfoques metodológicos que permiten evaluar diferentes alternativas para tomar la decisión sobre la tecnología a utilizar. Combina la evidencia científica con juicios de valor dando como resultado, la mejor alternativa que estamos comparando, un ranking ordenado de las alternativas, y un valor numérico asociado al beneficio en salud.

Varias ventajas acompañan a este método: es participativo, transparente, interpatológico (se puede comparar diversas enfermedades al mismo tiempo) y, sobre todo, no requiere umbral para la toma de decisiones, esto es, si antes no se podía financiar un medicamento si pasaba de un determinado umbral de costo del tratamiento, con la evaluación multicriterio se desplaza esta limitación.

Este tipo de evaluación ya se viene utilizando en muchos países. Si bien no existe un consenso metodológico, hay muchos documentos que nos permiten definir el proceso y la selección de los criterios que deben ser asociados a los objetivos sanitarios de cada país. El 2020, en Colombia, se evaluaron 988 medicamentos bajo esta metodología.

Avanzar en este abordaje para definir qué nueva tecnología en salud o nuevo medicamento vamos a utilizar en el sistema sanitario, requiere entender e implementar un proceso transparente y participativo de la metodología, la definición de los criterios y el desarrollo del proceso. Esto es sumamente valioso para legitimar la decisión tomada, la academia debe jugar un rol importante en la construcción de la metodología y el seguimiento.

Es saludable que la norma haya definido algunos criterios que deben ser usados en la evaluación de las tecnologías, como ha sucedido en el reglamento de la Ley de Cáncer, y que limitaría el uso a discreción de criterios en los sub sistemas de salud, como suele ocurrir en un sistema fragmentado y con débil rectoría. Sin embargo, deploramos que la norma incorpore el criterio de “nivel de invención” pues no agrega valor decisorio saber si una tecnología es “más” innovadora que otra, o como se dice usualmente “de última generación”.

Lo esencial es conocer si determinada tecnología, al ser utilizada, permite obtener el máximo beneficio posible para el paciente.  De otro lado, es claro que el costo no es un atributo sanitario; es un factor posterior a la decisión de usar la tecnología, y que debe ser asumido por los gobiernos empleando todas las herramientas disponibles para hacer accesible dicha tecnología.

El análisis multicriterio no debe limitarse a cáncer. Es un método apropiado que el Estado Peruano debe aplicarlo para todas las nuevas tecnologías candidatas para el sistema de salud.

Peruano recibe distinción como uno de las Top 50 voces más influyentes en salud en el Mundo

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Amsterdam, Países Bajos. El pasado 16 de Marzo de 2022, la revista Medika Life, parte de la firma de Marketing Internacional FINN Partners, incluyó al médico Peruano Jhonatan Bringas Dimitriades en el top 50 de las voces más Influyentes en salud en el Mundo durante la semana de la conferencia internacional HIMSS 2022.

El premio reconoce a los profesionales de la salud más influyentes en el mundo y engloba profesionales médicos, tecnólogos, activistas en salud, empresarios, entre otros perfiles muy especializados. Los perfiles nombrados en ediciones anteriores incluyen al Dr. Anthony Fauci (La Casa Blanca), el Dr. Daniel Kraft (Universidad Singularity, XPRIZE), John Nosta (Nostalab, OMS, Google), entre otros líderes en tecnologías de la salud del mundo.

“Ciudadano global, emprendedor en tecnologías de la salud, educador y defensor del acceso de los pacientes a la salud, son algunas de las características que aseguraron el puesto de Jhonatan Bringas en la lista de este año”, dice Gil Bashe, Director en Medika Life.

Acerca del Dr. Jhonatan Bringas Dimitriades: es un Médico Peruano y Neerlandés, experto en Salud Digital, ha ocupado cargos de Director Comercial, Director Médico y Director de Innovación Médica para diferentes compañías de Tecnologías de la Salud (Medtech) y Salud Digital en Europa y EE. UU. Actualmente es Embajador Global de Educación Médica en Salud Digital para Medscape, co-Fundador de las compañías Lapsi Health y JBD HealthCare e integra la facultad del diplomado en Salud Digital de la Universidad Mayor de San Marcos. El Dr. Jhonatan Bringas también forma parte de diversos Directorios y de Directorios de consulta de varias empresas en Europa y EE.UU.

“Antes de aprobar el Reglamento de la Ley del Cáncer tiene que ser revisada la ley de contrataciones del Estado”

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GUSTAVO SARRIAS ENCONSULTA

El pasado 19 de noviembre se publicó el proyecto del Reglamento de la Ley Nacional del Cáncer (N°31336), tras varias semanas de espera.


Desde entonces, organizaciones de pacientes oncológicos alertaron que temas burocráticos dificultarían el acceso universal a más tratamientos en la cadena de suministros para la prevención y control del cáncer, específicamente, en la selección de nuevos medicamentos y la compra mediante mecanismos diferenciados, donde se fijan los plazos.


En ese sentido, Gustavo Sarria, subjefe del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), explica que la Ley de contrataciones del Estado ejerce una suerte de cinturón para las mejores inversiones en normas como la del Cáncer.


“La ley de contrataciones del estado tiene que ser revisada de cara a la necesidad del sector. Esa ley tendría que tener después del reglamento de la ley del cáncer una iniciativa en la que atienda las necesidades del sector que son muy particulares. Las inversiones tienen que tener base en la mejor evidencia disponible”, explicó.


Sarria plantea que, con una estrategia de tres niveles, que incluye el adecuado acceso a equipamientos, óptima infraestructura y acceso a más tecnología, se pueda revertir este escenario burocrático que alargaría mortalmente la espera de peruanos con cáncer.


“La propuesta es que, en solo 3 pasos podríamos completar un estudio de evaluación de tecnología sanitaria y lograr su ascenso al nivel decisor. No queremos convertirnos en juez y parte, queremos ser formuladores para que la autoridad correspondiente ejecute su poder de decisión y comprometa los mecanismos financieros. Y en promedio de un mes y medio, se eviten terceros y se logre poner en cancha la decisión. Es probable que haya mucho temor a los impactos financieros”, indicó.


Al respecto, Víctor Zamora, exministro de Salud y miembro del Comité Editorial de la plataforma digital EnConsulta.pe, señaló que para hacer inversiones en salud no se necesita una ley específica, y que, por el contrario, estas normas deberían ser permanentes para incrementar la inversión, volumen y calidad permitan enfrentar los daños.


“Estamos cerrando el 2021, devolviendo cerca de una cuarta parte de lo establecido para el tema de medicamentos y no hemos podido ejecutar cerca del 50% de lo asignado a infraestructuras sanitarias, pero es una invitación para poder revisar que la Ley de Contrataciones del Estado va en contra de la innovación con la que debe actuar el sector salud. Usamos las mismas reglas para comprar clavos como para adquirir productos de altísima tecnología sanitaria”, sentenció Zamora.


Por su parte, el representante del INEN, advirtió que el problema del cáncer no se puede manejar con los presupuestos existentes. Explicó que la inversión y el crecimiento es esencial para que la brecha pueda ir cerrándose a fin de que en 50 años las nuevas generaciones afronten una dificultad mayor respecto a las tecnologías sanitarias en la lucha contra los males oncológicos.

Tenorio: “No va a haber una segunda reforma agraria”

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federico tenorio enconsulta

La denominada “Segunda Reforma Agraria”, anunciada por el presidente Pedro Castillo, propone, entre otros puntos, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la cual representa hasta el 80% de los alimentos que consumen los peruanos.


Así lo explica Federico Tenorio, exministro de Desarrollo Agrario y Riego, quien agrega que este índice se mantiene estancado ya que, según detalla, poco se ha avanzado en estos cinco meses de gobierno.


“Hasta el 27% de empleos en el país provienen de la pequeña agricultura familiar. Es un sector importante para el Perú. Creo que el desafío mayor del ministerio es ver cómo alcanzar y lograr una gran articulación en su sector para que haya un paquete organizado y se trabaje con la pequeña agricultura familiar, pero sobre todo, una articulación en los tres niveles de gobierno”, sentenció el ex titular del Minagri.


Tenorio, explica que existe una gran diferencia con la única reforma agraria ejecutada en el régimen del expresidente Juan Velasco Alvarado, hace 52 años. Detalla que, para esta nueva versión, no se prevé repetir las polémicas expropiaciones y se centra en nueve ejes vinculados al fortalecimiento de la agricultura familiar y la asociatividad.


“No va a haber una segunda reforma agraria. Eso está íntimamente relacionado a una restructuración de la propiedad de la tierra, y eso no va a suceder. Eso lo ha aclarado el propio presidente. Lo que se ha hecho es un anuncio el 3 de octubre en Sacsayhuaman, con nueve puntos importantes, de los cuales ocho ya el ministerio de agricultura viene haciendo”, reveló el actual coordinador del grupo “Propuesta Ciudadana”.


En entrevista con la plataforma digital EnConsulta, Tenorio se refirió al noveno punto, indicando que se trata del Gabinete para el Desarrollo Agrario y Rural, que deberá estar presidido por Pedro Castillo junto a 4 ó 5 ministros que se reunirán para tomar decisiones respecto a una intervención multisectorial en el ámbito rural y con una agenda para el desarrollo a manos de los ministerios.


“Otro gran problema para la pequeña agricultura familiar es la tasa de interés que se cobran en la banca privada y que es muy alta. Esta suele llegar hasta el 50% por año. Por otro lado, aún no sale el reglamento de una ley que dejamos para fomentar la asociatividad de la pequeña agricultura familiar. Se debe fomentar las cooperativas agrarias u otros modelos empresariales”, propuso el ex representante del Centro Ecunémico de Promoción y Acción Social Centro (Cedepas).


Finalmente, Federico Tenorio puntualizó que en la propuesta de nueva reforma agraria no se mencionó nada de la seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra y que lamentablemente, no se ha llegado ni al 30% de la titulación de predios rurales tanto individuales como las comunidades campesinas y nativas y eso es muy importante porque ayuda a conseguir mejores créditos y decidir una política respecto al tamaño de la tierra.

“En el 2022 necesitamos S/600 millones para la compra de equipamientos contra el cáncer”

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VICTOR PALACIOS ENCONSULTA

En marzo de este año, el Ministerio de Salud (Minsa) publicó el Plan Nacional de Cuidados Integrales del Cáncer (2020-2024), que entre sus prioridades tiene incrementar los suministros médicos y tecnológicos, así como el fortalecimiento de los servicios oncológicos.


En ese sentido, Víctor Palacios, director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer del Minsa señaló que para el próximo año, su sector requiere de 600 millones de soles para la compra de equipos modernos que permitan seguir luchando contra la mortal enfermedad.


“Nosotros siempre hemos tenido presupuesto, eso no lo podemos negar. El tema es la calidad de gasto. Ante la falta de autorización de condiciones de uso por parte de Digemid, no queda más que comprar las vacunas contra el Virus del Papiloma Humano para niños. Devolver la plata no corresponde”, reveló Víctor Palacios.


Es preciso mencionar que, el presupuesto destinado para combatir el cáncer en el 2021 fue de 675 millones soles y hasta diciembre se estimó que solo se ha ejecutado un 60%, aproximadamente. Cabe resaltar que el dinero no utilizado regresará automáticamente al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).


En entrevista con la plataforma digital EnConsulta.pe mencionó que “lamentablemente, es cierto tenemos el presupuesto de hace muchos años y no hay capacidad de gestión. Hay una mirada muy errada con respecto al tema programación de medicamentos oncológicos y creo que eso afecta a las personas que más necesitan”.


A esto se suma la posibilidad de una devolución de cerca de 10 millones de soles del presupuesto destinado a la compra de medicinas para tratar enfermedades neoplásicas en el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares).


“Lamentablemente, los hospitales al ver que Cenares da los productos farmacéuticos de forma centralizada y gratuita, se quedan con el presupuesto porque no saben cómo gastar. Entonces entramos en una lógica que nos olvidamos del paciente y lo empobrecemos por mala gestión de presupuesto público”, sentenció el titular de la Dirección de Prevención y Control del Cáncer.


Por ejemplo, en el 2020, se destinaron 695 millones de soles para luchar contra el cáncer, pero cerca de 43 millones de soles no se utilizaron en la compra de suministros médicos, que incluyen la adquisición de productos farmacéuticos, así como material, insumos y accesorios médicos, según datos publicados por el MEF.


En ese sentido, Víctor Palacios indicó que la necesidad del presupuesto público para la compra de mejores equipos ya fue remitida al Minsa, pero que, lamentablemente, hay situaciones que escapan de sus manos.

“Nos centramos solo en la violencia contra la mujer y no miramos dónde está el origen”

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jennie dador enconsulta

De enero a octubre de este año, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) atendieron 136 mil 782 casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Situación que, como indica Jennie Dador, secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de DD.HH., refleja la alarmante mirada que se le da a este grave problema que por momentos la sociedad busca normalizar.


“Nos centramos solo en la violencia y no miramos dónde está en el origen, y que son las desigualdades las que sostienen y reproducen la violencia. Por más que implementemos un conjunto de servicios y normas si seguimos siendo un país que se sostiene por esta desigualdad estructural vamos a seguir reproduciendo las distintas formas de violencia”, señaló Dador en entrevista a la plataforma digital EnConsulta.pe.


El tipo de violencia más común en el país es la psicológica, según el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (Aurora). Según la encuesta demográfica y de salud familiar (Endes 2020), el 54,8% de mujeres dijo que sufrió alguna vez de violencia por parte del esposo o compañero sentimental.


Jennie Dador, explicó que “por más que se haya avanzado en legislación todavía hay un conjunto de normas imperfectas que son restrictivas respecto a otras formas de violencia. Los sectores que tienen que implementar, miran el problema de la violencia a las mujeres como algo marginal a lo que es la atención a su sector”.


Solo hasta fines de octubre pasado se denunciaron 63 mil 922 casos de violencia psicológica, sobrepasando las cifras del año anterior en el que se registraron cerca de 8 mil casos. Además, se conoció que la violencia contra la mujer, en general, se incrementó en un 69,5%, con respecto al 2020.


“Hay modalidades nuevas y, en el caso peruano, estamos enfocados en la violencia de pareja. Esa es otra dimensión del problema que estamos enfrentando. Lo de la familia es un lugar donde está ocurriendo la violencia y eso es importante porque la violencia que se aprende en el hogar cuando no se atiende en el niño que fue abusado, violado, este se convierte en un violador en potencia en la adultez”, advirtió la representante de Coordinadora Nacional de DD.HH.


Situación alarmante que se evidencia en los registros de los CEM que indican que este año se atendieron 18 mil 475 casos por violencia sexual, de los cuales 5 mil 728 fueron contra niños y adolescentes, seguidos de 2 mil 710 casos correspondientes a personas adultas y 53 a adultos mayores.

“Se han dado más de 34 millones de atenciones de telemedicina en lo que va del 2021”

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berenice rodriguez enconsulta

Antes de la pandemia por la Covid-19, solo 250 personas al día apostaban por la telemedicina en el Perú; actualmente, y a poco de terminar el año, las cifras revelan que se efectuaron más de 34 millones de teleconsultas.

Berenice Rodríguez, directora de telemedicina del Ministerio de Salud (Minsa), explicó cómo este proceso conocido como la “alfabetización digital” se dio progresivamente en la población peruana.

“Muchas personas no saben hacer una consulta o una teleconsulta. Hay muchos servicios públicos que ha desplegado el Estado que ya se pueden hacer por internet o el celular, pero lo desconocen y no se tiene todavía esa confianza”, indicó la también médica gestora.

En entrevista con la plataforma digital EnConsulta.pe, Rodríguez, agregó que hoy se atienden aproximadamente 31 mil personas cada día a través de teleconsultas, convirtiéndose en un servicio fundamental para fortalecer la salud primaria.

“La telemedicina nos permite llegar a donde nunca se llegó. Por ejemplo, se ha lanzado la estrategia “Rikuyki” (en quechua Te Veo), en la cual se focaliza la atención en telemedicina para los más vulnerables. Es decir, poblaciones en pobreza y pobreza extrema, de fronteras, pueblos originarios y más”, puntualizó la representante de la Dirección de Telemedicina del Minsa.

Hasta junio del 2021 se confirmaron más de 20 millones 178 mil atenciones por teleconsulta, telemonitoreo y teleorientación en total. Estas modernas acciones permitieron beneficiar a 2 millones de pacientes, que representan cerca del 8% de toda la población peruana.

La especialista en gestión pública indicó también que “el ciudadano debe exigir lo mismo que se pide en la atención presencial para su consulta virtual, en la teleconsulta. Y en el caso de que no tengamos la conectividad de internet, tenemos a la mano la línea telefónica 113 que nos permite realizar teleorientación gratuita”.

Respecto a este tema, el Minsa ha anunciado que la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro completó la implementación de 72 teleconsultorios que beneficiarán a 2 millones 738 mil 890 personas que se encuentran en dicha jurisdicción conformada por 14 distritos.

“El presupuesto en salud se redujo en más de S/110 millones para el 2022”

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ruiz de castilla en consulta

Para el 2022, el presupuesto del sector salud se redujo a S/281 millones, es decir, casi S/117 millones menos en comparación a los S/398 millones que el gobierno dio en el 2018, reveló Karla Ruiz de Castilla, directora de la ONG Esperantra.


“No estamos siendo congruentes con los nuevos compromisos. Esta nueva legislación nos estaría situando en un estándar internacional, pero no vamos a poder cumplir sin el financiamiento. Si se rebaja el 18% del presupuesto para el 2022, tendremos solo S/281 millones. Hace tres años el presupuesto para el Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL) era de S/398 millones; en el 2019 bajó a S/347 millones y ya para el 2020 solo hubo S/343 millones”, explicó Ruiz de Castilla.


En ese sentido, la activista contra el cáncer detalló que esta medida afectaría directamente a los pacientes oncológicos que terminarían con S/62 millones menos en el presupuesto que se le viene entregando, lo cual representa menos medicamentos y tratamientos para combatir la mortal enfermedad.


La representante de la ONG, indicó también que “todos los días vemos a pacientes que le niegan el medicamento indicando que no hay suficiente presupuesto. Son medicamentos muy necesarios y que hacen la diferencia entre la vida y la muerte. Se habla de una red oncológica a nivel nacional, de construir institutos regionales de enfermedades neoplásicas y dotarlos de médicos, infraestructura y temas de diagnóstico, pero para ellos se necesita presupuesto”.


La asociación de ayuda al paciente con cáncer aseguró que el Ministerio de Salud (Minsa) solo ha utilizado el 60% de los fondos destinados a prevenir y controlar el cáncer, tal como como lo han encontrado en el portal de transparencia económica del Ministerio de Economía (MEF).


Específicamente en el caso de los medicamentos para pacientes oncológicos se presupuestó una inversión de S/28 243 910 millones, de los cuales solo se ha usado solo S/14 497 769 millones a pocas semanas de terminar el 2021 y con una Ley del Cáncer ya aprobada.


“Esta ley es un paso sin precedentes. Es un marco legal que brinda un tratamiento integral a los pacientes. Sin embargo, las leyes tienen que ir dotadas de un financiamiento suficiente. Nosotros vemos en el portal de transparencia del MEF que hasta diciembre se ha ejecutado un 60% del presupuesto en medicamentos. Es realmente cuestionable que a los pacientes todos los días les digan que no se puede comprar cuando en las arcas está todavía el dinero para poder hacerlo”, enfatizó Karla Ruíz de Castilla en entrevista a la plataforma digital EnConsulta.pe.


Finalmente, la vocera de la ONG Esperantra hizo un llamado de urgencia al ministro del Interior, Avelino Guillén, para encontrar solución a los casos de pacientes con cáncer de la Dirección de la Sanidad Policial (DIRSAPOL) y el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (SALUDPOL), quienes desde el inicio de la pandemia han reportado impedimentos para continuar con sus tratamientos por falta del presupuesto en estas entidades.


Además, recomendó fortalecer los hospitales de la red de la policía con el objetivo de que en las mismas instituciones se puedan resolver y brindar una atención de calidad en temas del cáncer.

LA COMUNIDAD DE SALUD (comunidad sanitaria)

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lizardo huaman en consulta

Comunidad es fundamentalmente un modo de relación social construido sobre el afecto, la confluencia de fines y valores (como la lealtad, reciprocidad, solidaridad, etc.) en un territorio “imaginario” cuyos linderos se definen a través de las peculiaridades y particularidades de los integrantes de la comunidad a lo largo y ancho de un territorio “real” que puede ser un país o una jurisdicción local (S. Padilla, 2020). La comunidad peruana en el extranjero o la comunidad de migrantes de un departamento en la capital no tienen un territorio delimitado, se hacen patentes cuando confluyen por alguna razón. Por ejemplo, a raíz de apoyar a la selección peruana de fútbol en un país determinado o cuando celebran una fiesta patronal. En ese “territorio” de carácter temporal se pone en acción aspectos valóricos, lealtades o reciprocidades comunes: la arenga, el baile, el intercambio de bienes o de afectos. Ese “territorio” comunitario se diluye luego en otro, más amplio, heterogéneo, muchas veces hostil, este sí de carácter permanente, que es la sociedad que lo cobija (la del país o de la capital donde tienen la condición de migrantes)

Visto de este modo, es plausible la idea de comunidad en salud, la cual se “activa” cuando en un determinado momento se establecen relaciones sociales entre dos actores: los que demandan y usan los servicios de salud que constituyen el sistema de salud, sea para atender alguna dolencia o para alguna acción de cuidado de su salud; y, el personal de salud que oferta y produce los servicios respectivos. A lo largo de los años, estas relaciones se consolidan a través de acuerdos explícitos, establecidos normativamente, e implícitos expresados a través de la puesta en práctica de determinados valores comunitarios peculiares que le da la singularidad y hace patente a la comunidad sanitaria, distinguible de otras, por ejemplo, de la educativa.

Cuando una madre lleva a sus niños sanos a un centro de salud para su vacunación o el control de su desarrollo, o cuando enferman buscando atención médica, se establece una relación entre la familia y el personal de salud responsable de dichas acciones, con el propósito de mantener la salud en la comunidad en un nivel aceptable. Nada de esto funcionaría bien si es que los integrantes de esta comunidad no cumplen con el recíproco buen trato, la lealtad en el intercambio: la honestidad en la información dada por la madre y la calidad técnica disponible en el personal de salud. Es decir, si es que no ponen en práctica los valores cincelados a lo largo de décadas de intercambio, sean estos normados o no.

Entonces, es posible hablar de una comunidad de salud, a la que llamaremos “comunidad sanitaria” y, al igual como sucede con la ciudadanía, en el Perú es aún incipiente y son de distintos tipos: están las que se construyen en las zonas rurales o urbanas, las alto andinas o las de la selva, las hospitalarias o en el primer nivel de atención, las públicas o privadas, las tradicionales u occidentales, las ricas o pobres, etc. Cada una de ellas con sus propias particularidades e impregnadas por las características heterogéneas de las sociedades donde se cobijan, pero que mantienen las características de una comunidad de manera indeleble. En dicho sentido, hay comunidades de salud más inclusivas o más incipientes o más equitativas que otras; que generan más ciudadanía o no.

Si, por un lado, entendemos como ciudadanía al modo de acceder a derechos y de participar en una comunidad con sentido de pertenencia (sentido del deber) y, por otro lado, tenemos la convicción que la salud es un derecho humano cuya condición se genera en una comunidad, entonces es de esperar que ciudadanía y salud se retroalimenten simbióticamente o conjuguen sus propósitos y valores. Por lo tanto, un ciudadano que ejerce sus derechos y lucha por el de los demás (en cumplimiento de su deber de ciudadano universal), en tanto miembro de la comunidad de salud, será un actor crítico para que el ejercicio del derecho a la salud sea cada vez más accesible a todos sin distingos de ninguna clase.

Pero no siempre sucede así. Cuando por alguna razón, algún miembro de esta comunidad se pone por encima de los demás, rompe el principio de lealtad, entorpece el acceso de otros al derecho de salud o trastoca el sentido de pertenencia comunitaria, deja de ser ciudadano y, más bien, entorpece el camino para la generación de ciudadanía, por ende, la construcción de una sociedad mejor. Hay varias ejemplo de esto a lo largo de nuestra historia sanitaria, los que desarrollaremos en las siguientes entregas.