El viceministro de Salud, Gustavo Rosell, confirmó que este 15 de octubre se aplicará una tercera dosis contra el COVID-19, a todo el personal médico que trabaja en primera línea. Recordemos que el personal de salud fue inoculado con dos dosis de Sinopharm y ahora se les aplicará una vacuna adicional del laboratorio Pfizer. Para el exministro de trabajo, Christian Sánchez, hay dos dimensiones que se deben tratar en esta vacunación combinada o heteróloga.
“Las dos dimensiones serían, una del individuo como paciente en su relación con el derecho a la salud, y la otra sería la dimensión de esa misma persona en relación con su empleador”, informó.
El también especialista en derecho a la salud, asegura que, el personal médico es a la vez paciente con derecho a tener una salud informada sobre la tercera dosis y también es un trabajador que está bajo los términos de su empleador, en este caso, el Minsa o Essalud. En ambas situaciones se debe contemplar el lado legal y también el ético.
“¿Es posible que un empleador determine que obligatoriamente un trabajador debe recibir una vacuna? Hay una razón para fundamentar una disposición obligatoria, que es la necesidad de no afectar un servicio público esencial, se puede en esta circunstancia disponer de manera obligatoria la vacunación de un trabajador para cumplir sus labores en determinada actividad, que es calificada como esencial”, aseguró.
Desde el punto de vista laboral, el exministro afirma que, si bien el Estado puede emplear una norma legal para hacer que la vacuna sea obligatoria en el personal médico, porque prima el derecho colectivo, si un trabajador de salud no quisiera recibir la dosis adicional puede presentar una justificación válida para no hacerlo.
“Yo creo que el trabajador podría oponerse o resistirse a la vacuna, en un supuesto justificado, cuando acredite médicamente que esa vacuna puede hacerle un daño. Y creo que no interesaría mucho cuál es la dimensión del daño, si es grave, muy grave, porque es la dimensión individual del trabajador o la trabajadora”, indicó.
Para Sánchez el derecho de naturaleza individual y los derechos colectivos pueden estar en conflicto cuando se habla de la tercera dosis. Para él, la mejor manera de velar por ambas partes es brindando la información adecuada de los procedimientos que se van a emplear, transparentando procedimientos y exponiendo este problema ante voces expertas en temas de salud. Así se podrá tener un consentimiento informado por parte de los trabajadores del sector salud.
“Creo que esa reflexión tiene que hacerse de manera colectiva, de manera institucional. Debatiendo como debaten las sociedades dentro del Estado Constitucional de Derecho. Tendría que estarse debatiéndose por la academia, por los poderes, el Congreso, el ejecutivo, el Ministerio de Salud o un comité de ética. Si el Estado no genera información vinculada a las decisiones de los ciudadanos del Estado Constitucional de Derecho, ¿cómo el ciudadano puede tomar decisiones sobre su salud?” subrayó. En esta primera etapa, medio millón de trabajadores del Minsa y EsSalud serían vacunados. La aplicación adicional iniciará con el personal médico que trabaja brindando servicios covid, para luego pasar a los que trabajan en las otras áreas. Luego, en la segunda etapa, se inoculará a personas mayores de 60 años, pacientes que presenten comorbilidades o que tengan un sistema inmune debilitado, como personas trasplantadas, pacientes que siguen tratamiento por cáncer, entre otros.
