El gobierno peruano tarda hasta dos décadas en la compra de medicamentos innovadores, lo cual pone en peligro la salud de al menos 150 mil pacientes con cáncer, colocando al país entre los últimos lugares a nivel sudamericano, advirtió Gonzalo Marrero, gerente de acceso y políticas públicas de La Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe).
“El atraso es muy grande. Si nos comparamos con otros países de la región. Hay un estudio de IQVía que nos pone en el penúltimo lugar en cuanto acceso a medicamentos innovadores en el Perú. Hay otro estudio de la consultora Apoyo que estima cuál es el plazo en el que un medicamento, que ya tiene aprobación de la comunidad científica, de agencias regulatorias como FDA y EMA, tarda hasta 20 años en poder ser comprado por el gobierno”, indicó Marrero.
El representante de la Alafarpe agregó, vía la plataforma digital DeConsulta.Pe, que este retraso ha generado que los medicamentos y tratamientos queden obsoletos, afectando la calidad de vida del paciente oncológico e incrementando los índices de mortalidad en el país.
“Eso se resume a que los pacientes peruanos están siendo tratados con tecnología muy antigua (…) En algunos casos, los pacientes no se enteran de que en el privado, o que en otros países ya existe un medicamento que puede salvarle la vida sin que el cáncer llegue a ser crónico y sin recibir una quimioterapia con malos resultados”, remarcó el Gerente de Acceso y Políticas Públicas de Alafarpe.
En ese sentido, la asociación propone activar mecanismos de última generación como los usados en Uruguay. Sugiere destinar un presupuesto de pago mensual fijo para cada paciente oncológico por parte del Estado. Otra alternativa es comprar medicamentos bajo la firma de un contrato por un plazo mayor de 2 a 3 años. También plantean negociar con laboratorios a menor precio, a fin de reducir los 20 años en el retraso de medicamentos innovadores.
“Lamentablemente, estos esquemas no se han podido implementar en el Perú por una gran limitación que es la Ley de Contrataciones del Estado, que no tiene una sección específica del sector salud porque sabemos que la compra es totalmente distinta a otros productos, pero la buena noticia es que la Ley de Cas promulgada, recientemente, incorpora ya la posibilidad de poder utilizar estos mecanismos para el acceso, con lo cual ya no se va tener esa rigidez que se tenía antes en las compras del estado”, explicó el representante de Alafarpe.
Sobre el presupuesto asignado en la Ley de Cáncer para el próximo año, Marrero señaló que se debe acelerar la reglamentación desde el Ministerio de Salud teniendo en cuenta algunas observaciones.
“En la partida presupuestaria oncológica para el 2022 se registra una reducción de casi el 20%. En la Ley del Cáncer aprobada recientemente se habla de un incremento en cobertura universal, incluyendo más tratamientos de cáncer. Entonces, sabiendo que los recursos son limitados, creemos que podría aumentarse el presupuesto oncológico dada la importancia del cáncer en el Perú o, también, buscar alguna alternativa de compras más eficientes que puedan reducir los costos al final”, puntualizó Marrero.
La Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos también advierte que, en algunos casos, la reglamentación de leyes sanitarias ha tardado varios años en implementarse. Por ello, recomiendan una adecuada decisión política y un consenso técnico a nivel de compradores en el sistema sanitario que repercutirán beneficiosamente en la salud pública peruana.
