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29/09/2022
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La Ley de Contrataciones con el Estado aparece como una amplía barrera cuando se busca conseguir adecuados contratos para la adquisición de medicamentos que necesitan recibir miles de pacientes con cáncer en el Perú, señaló el exministro de Salud, Óscar Ugarte.

“Hay nichos del mercado, como en el caso de los oncológicos, que son tan importantes, y que, además, es un mercado caro, que si tú no te pones de acuerdo con los productores, por ejemplo, para una planificación a mediano y largo plazo, no vas a tener posibilidades de abastecimiento suficiente. Ponerse de acuerdo está prohibido por la normatividad actual y eso, siendo el Estado el gran comprador, pero a la vez es regulador, tendría que introducir mejoras para facilitar ese abastecimiento masivo”, puntualizó en entrevista con la plataforma digital EnConsulta.pe.

Ugarte plantea una reforma en la reglamentación que utiliza la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) para poner en marcha un Sistema de Compra Unificado como el que se viene utilizando en la obtención de las vacunas contra el coronavirus que han permitido la aplicación de 32 millones 921 mil 390 dosis, según información del ministerio de Salud (Minsa).

“El rol regulador del Estado tiene que ser fortalecido y reformado. Modernizar en el caso de Digemid. Y en el caso de salud hay varios a regular. El mercado de los medicamentos, sin duda, donde el sector público es monopsónico (monopolio del comprador). El sector público, sumado al Minsa, regiones, EsSalud compra el 80% de los medicamentos que se necesitan en el país, el otro 20% es el privado. Entonces, la gran solución al abastecimiento está en el sector público, no en el privado”, agregó el extitular de Salud.

Óscar Ugarte, quien es médico de profesión y cuenta con una maestría en Gestión de Políticas Públicas, explicó que gran parte de la ineficiencia en la ejecución del gasto en el presupuesto destinado a medicamentos, por lo menos en el caso de EsSalud, no es por la incapacidad de los funcionarios, sino que la normatividad, aseguró, los ata.

“El Estado tiene 12 años de experiencia en este tema que ha permitido abaratar los costos. Más bien, ahí, han ido surgiendo problemas porque los proveedores privados ya le conocen el truco. Por ejemplo, no participan en determinadas convocatorias y dejan que se caigan los procesos para ir a compras más aceleradas donde incrementan los precios. La normatividad amarra al sector público”, indicó.

Consultado sobre el planteamiento para el uso de una historia clínica electrónica universal que da pie a la transformación digital en el sector salud peruano, Ugarte respondió que durante la pandemia se pudo recolectar datos específicos, desde los hospitales públicos y clínicas privadas, sobre los pacientes con la Covid-19.

El exministro aseguró que este sistema ya se viene usando en EsSalud con buenos resultados.

“Estaremos unificando la información de cuántos casos se presentan, de qué se enferman, cuáles son los grupos de edad afectados, cuál es el periodo de evolución, qué tratamiento están usando, etc (…) EsSalud, ha logrado tener una Historia Clínica Electrónica a nivel nacional. El sector privado tiene, pero fragmentada por subpartes (cadenas de clínicas), pero no están integradas. Y en el caso del Minsa y gobiernos regionales también está retaceado. No es que no haya Historia Clínica Electrónica, pero la hay en el INEM, la del Instituto del Niño de San Borja (…) Pero, sí es factible hacer. Y, ahí, lo que se requiere es voluntad política, porque hay mucha resistencia a unificar y creo que el camino es sobre la base de lo avanzado por EsSalud y articular al conjunto”, enfatizó Óscar Ugarte.

El exministro durante la presidencia de Francisco Sagasti, también se refirió a la repotenciación de la Redes Integradas de Salud (RIS), que actualmente, según indicó, cuenta con un financiamiento de 300 millones de dólares del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero que hasta el momento solo se ha utilizado un 10%.

Ugarte agregó que, durante su gestión, se planteó crear cuatro nuevas RIS solo en Lima y, por lo menos, una en cada región. En ese sentido, informó que el proyecto y presupuesto para el 2022 que el Ejecutivo ha enviado al congreso no se convierte en un motor para este tipo de iniciativas.

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