En esta edición de “Asunto Público”, la abogada especializada en derecho constitucional y derechos de pueblos indígenas, Nelly Aedo, habló sobre la recientemente aprobada Ley N° 31494 que precisamente busca integrar a los comités de autodefensa al sistema de seguridad ciudadana.
Recientemente, el Congreso de la República aprobó por insistencia la Ley N° 31494, la cual fue denominada como Ley que reconoce a los comités de autodefensa y desarrollo rural y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana. Sin embargo, esto ha generado polémica debido a que esta medida implicaría que estas agrupaciones puedan portar armas y responder a intereses particulares de cualquier tipo.
Esto ha encendido las alarmas de la población y, sobre todo, de la Defensoría del Pueblo. Por este motivo, la abogada Nelly Aedo, especializada en derecho constitucional, derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas, participó de una nueva edición de “Asunto Público” para debatir este tema de interés nacional.
“Esta norma (Ley N° 31494) promueve la renuncia del Estado a sus obligaciones de asegurar la seguridad ciudadana en la zona rural que es donde se aplicaría y también vulnera los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Un primer tema que nos preocupa y que hemos observado es que se traslada de forma inconstitucional las responsabilidades estatales en cuanto a seguridad ciudadana a los comités de autodefensa, al permitirles un mayor uso de armas de fuego y concederles atribuciones propias de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas”, señaló la especialista.
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Como se recuerda, los comités de autodefensa contribuyeron en la lucha contra el terrorismo en el Perú. En la actualidad quedan cerca de 160 de estas agrupaciones en el país. Sin embargo, esta Ley abre la posibilidad que se creen nuevos grupos.
“En torno a la seguridad ciudadana, la norma, por ejemplo, habla de que podrían contribuir a la desarticulación de pandillas, a la incautación de determinados elementos como estupefacientes. Entonces, se ha ampliado de una manera peligrosa las actividades, cuando en verdad, lo que se requería era una norma que que pueda acotar y más bien ya ir buscando el desarme de estos grupos que en un momento sí contribuyeron a la pacificación”, agregó.
Ante lo sucedido con el equipo periodístico de “Cuarto Poder”, en Chadín, Cajamarca, donde se vieron vulnerados sus derechos fundamentales por una ronda campesina, Aedo señaló que el no derogar esta Ley traería consecuencias catastróficas en situaciones similares a lo vivido por los periodistas.
“(La Ley) puede generar una mayor conflictividad y situaciones irreversibles. Generar en sí peligro, no solo para las personas que viven en las comunidades, sino también para las personas que viven en otras comunidades aledañas, donde podrían articular y operar estos comités de autodefensa armados, e incluso, genera peligro para las propias autoridades, como la Policía que tienen que realizar sus funciones. Enfrentarse eventualmente a un grupo civil armado trae consecuencias fatales”, concluyó.
